Nuestro país ha rebasado la marca de instalaciones productoras de energías renovables durante el pasado año y esta cifra sigue creciendo a la más alta velocidad de los últimos 10 años.

Los motivos que lo han propiciado son, entre otros, que los adjudicatarios de las subastas de renovables de los años 2.016 y 2.017 debían estar conectados a la red antes del principio de 2.020. En este sentido y habiendo notado que dicho ritmo empieza a caer, la totalidad de las empresas del sector está de acuerdo en la necesidad de convocar nuevas subastas lo antes posible.

La dificultad estriba en que, mientras no se haya aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para modificar la legislación que existe sobre el Sector Eléctrico desde 2.013, no será posible realizar subastas con procedimientos distintos a las ya adjudicadas. La última responsable del Ministerio para la Transición Ecológica ya ha comentado en distintos momentos su intención de modificarlas por completo.

Mientras en el modelo anterior (subastas 2.016 y 2.017) era subastada la potencia de las instalaciones, en el modelo que quiere implementar Dña. Teresa Ribera, se plantea que las empresas opten por un coste fijo del megavatio/hora, en otras palabras, por la producción de energía que se genera.

Para que se implanten los cambios habría que esperar y, hasta el año que viene, 2.021, no se podrían iniciar las subastas. Esto supone una paralización que no beneficia a las empresas de renovables.

Aunque el Ministerio quiere que el Parlamento estudie el anteproyecto antes de que finalice marzo, el procedimiento suele ser largo y complicado, por lo que no estaría aprobado hasta finales del tercer trimestre o principios del siguiente. A continuación, el Consejo de Ministros aprobaría un Decreto Ley para convocar las subastas, pero ya sería muy tarde.

Los representantes de la UNEF o Unión de empresas del Sector Fotovoltaico se han pronunciado al respecto señalando la necesidad imperiosa de convocar las subastas para dar estabilidad a los precios ofrecidos a los inversores. No solo piensan que es necesario mantener el mismo índice de crecimiento en el sector, sino que también este debe ser capaz de competir y de dar la oportunidad a las pymes de participar y lograr mejores precios (lo que no era posible con el sistema de subastas anterior).

Por otro lado, la APPA Renovables o Asociación de empresas de Energías Renovables, defiende que el sector no puede sufrir este año de “parón”, dando por perdidos los 12 meses de 2.020, ya que el brusco cambio de un ritmo de crecimiento intenso a una situación cercana a la paralización, es lo más perjudicial que les puede ocurrir.

Desde su postura, el mal menor sería convocar las subastas ya, aunque haya que recurrir al sistema anterior con algunas modificaciones como:

• Plazos más cortos para que las instalaciones comiencen a generar energía.
• Avales más importantes.
• Solicitar otras perspectivas que contribuyan a la entrada de plantas cercanas a su finalización.
• Y, lo más importante de todo, que puje en la subasta aquellos que verdaderamente pretendan construir.

Unos y otros tienen sus partidarios y detractores. El debate está sobre la mesa y estaremos pendientes de cómo evolucione.